23/03/11
Es Trinity Fair.
Dejó de funcionar tras darle 1.300.000 dólares a la firma de Depresbiteris.
Por Luciana Geuna
Trinity Fair, la sociedad uruguaya que en 2005 “prestó” 1.373.723 dólares a Covelia a través de una firma intermediaria, dejó de operar muy poco tiempo después de concretar esa sospechosa operación financiera. Covelia es la recolectora de residuos a nombre de Ricardo Rubén Depresbiteris y de su mujer, Marcela E. Mete. Ambos tienen bloqueada una cuenta bancaria en Suiza debido a una investigación judicial en ese país que fue el origen del exhorto que pidió las causas penales contra Hugo y Pablo Moyano por sus vínculos con Covelia.
La firma uruguaya es una SAFI, denominación que se utiliza del otro lado del río para nombrar a las polémicas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, un tipo de firma que se utiliza en ese país desde 1948 con condiciones muy débiles para su registro y control (en el último año la legislación exige requisitos más estrictos).
Un artículo del semanario Brecha, de Montevideo, consigna cómo grandes estudios jurídicos de esa ciudad administraron SAFI “que sirvieron para ocultar el enriquecimiento ilícito del ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello en 1992, o la venta ilegal de armas de Argentina a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1994”, entre otros tantos casos conocidos.
La “prestamista” de Covelia, Trinity Fair, fue adquirida en 1999 por Ana Inés Montaldo y Oscar Juan Montaldo o, dos conocidos miembros del mercado financiero uruguayo. La firma estuvo operativa hasta fines de 2005, pocos meses después de concretarse el préstamo a Covelia. Esa operación se hizo el 25 de septiembre de 2005 cuando la recolectora de basura firmó un acuerdo reservado con la sociedad Down Stream Company S.A. por US$ 1.3273.723. Las condiciones entre la empresa y su acreedor son llamativas: ambas sociedades tienen un mismo domicilio alternativo -Tucumán 810, piso 1, Buenos Aires- y según los registros del ANSES, uno de los directores de Down Stream es Christian Gitto, empleado de Covelia.
La participación de Trinity Fair aparece en un documento presentado ante la AFIP por Down Stream donde se detalla que la firma uruguaya “con fines de inversión” efectuó a través de un agente de bolsa “transferencias de dinero” a la firma Down Stream en “carácter de aportes irrevocables”.
Este diario entrevistó a Deprebisteris en enero pasado y le preguntó sobre la operación. El empresario respondió: “ una empresa uruguaya nos presta plata a nosotros y quería atravesar acá por una empresa, esa es Down stream” -¿Creó una intermediaria sólo para esta operación?-preguntó Clarín .
-Sí. En ese momento para mí era muchísima plata. A American Express también le había pedido prestado tres millones de dólares.
Clarín se comunicó con Ana Montaldo, de Trinity Fair quien confirmó el cierre de la sociedad en 2005 pero dijo no recordar la operación ni el origen de los fondos que transfirió a la firma de Depresbiteris.
Es Trinity Fair.
Dejó de funcionar tras darle 1.300.000 dólares a la firma de Depresbiteris.
Por Luciana Geuna
Trinity Fair, la sociedad uruguaya que en 2005 “prestó” 1.373.723 dólares a Covelia a través de una firma intermediaria, dejó de operar muy poco tiempo después de concretar esa sospechosa operación financiera. Covelia es la recolectora de residuos a nombre de Ricardo Rubén Depresbiteris y de su mujer, Marcela E. Mete. Ambos tienen bloqueada una cuenta bancaria en Suiza debido a una investigación judicial en ese país que fue el origen del exhorto que pidió las causas penales contra Hugo y Pablo Moyano por sus vínculos con Covelia.
La firma uruguaya es una SAFI, denominación que se utiliza del otro lado del río para nombrar a las polémicas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, un tipo de firma que se utiliza en ese país desde 1948 con condiciones muy débiles para su registro y control (en el último año la legislación exige requisitos más estrictos).
Un artículo del semanario Brecha, de Montevideo, consigna cómo grandes estudios jurídicos de esa ciudad administraron SAFI “que sirvieron para ocultar el enriquecimiento ilícito del ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello en 1992, o la venta ilegal de armas de Argentina a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1994”, entre otros tantos casos conocidos.
La “prestamista” de Covelia, Trinity Fair, fue adquirida en 1999 por Ana Inés Montaldo y Oscar Juan Montaldo o, dos conocidos miembros del mercado financiero uruguayo. La firma estuvo operativa hasta fines de 2005, pocos meses después de concretarse el préstamo a Covelia. Esa operación se hizo el 25 de septiembre de 2005 cuando la recolectora de basura firmó un acuerdo reservado con la sociedad Down Stream Company S.A. por US$ 1.3273.723. Las condiciones entre la empresa y su acreedor son llamativas: ambas sociedades tienen un mismo domicilio alternativo -Tucumán 810, piso 1, Buenos Aires- y según los registros del ANSES, uno de los directores de Down Stream es Christian Gitto, empleado de Covelia.
La participación de Trinity Fair aparece en un documento presentado ante la AFIP por Down Stream donde se detalla que la firma uruguaya “con fines de inversión” efectuó a través de un agente de bolsa “transferencias de dinero” a la firma Down Stream en “carácter de aportes irrevocables”.
Este diario entrevistó a Deprebisteris en enero pasado y le preguntó sobre la operación. El empresario respondió: “ una empresa uruguaya nos presta plata a nosotros y quería atravesar acá por una empresa, esa es Down stream” -¿Creó una intermediaria sólo para esta operación?-preguntó Clarín .
-Sí. En ese momento para mí era muchísima plata. A American Express también le había pedido prestado tres millones de dólares.
Clarín se comunicó con Ana Montaldo, de Trinity Fair quien confirmó el cierre de la sociedad en 2005 pero dijo no recordar la operación ni el origen de los fondos que transfirió a la firma de Depresbiteris.
Denuncia ante el juez Lijo
El abogado Ricardo Monner Sans denunció ayer ante el juez federal Ariel Lijo el caso de la cuenta bloqueada en Suiza por presunto lavado de dinero a nombre del titular de la empresa Covelia. El abogado quiere que se pidan informes a Suiza y que se investigue si puede tratarse de un enriquecimiento ilícito.
FUENTE: CLARIN
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